Escándalo en Sant Cugat: Ayuntamiento da de baja a más de 4.000 empadronados irregulares tras años de descuido

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha sacudido a la localidad al anunciar la baja de más de 4,000 personas empadronadas de manera irre...

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha sacudido a la localidad al anunciar la baja de más de 4,000 personas empadronadas de manera irregular, un problema que, según las autoridades, pasó desapercibido durante años bajo gestiones anteriores. La medida, revelada por el teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró (Junts), en el último pleno municipal de julio, busca "poner orden" en un padrón municipal que se había inflado con datos ficticios o caducos, afectando la planificación de servicios como sanidad, educación y ayudas sociales. Hasta este momento, ni el consistorio ni los partidos de oposición habían detectado la magnitud de la irregularidad, lo que ha desatado un debate sobre la negligencia administrativa y la presión migratoria en una de las zonas más acomodadas del Vallés Occidental.

La depuración del padrón comenzó tras el acceso de Junts al gobierno local en 2023, cuando se identificaron más de 3,500 bajas ya procesadas y unas 700 en curso, según Puigneró, quien acusó al anterior tripartito (PSC, ERC y CUP) de "mala praxis" entre 2020 y 2023, un período en el que solo se registraron 14 bajas en total. El descubrimiento se intensificó tras la polémica en Casa Mónaco, un edificio municipal de Servicios Sociales donde se habían empadronado cerca de 500 personas sin residencia efectiva, una cifra que Puigneró calificó como "absurda" y tres veces superior a la de municipios con poblaciones mayores como Sabadell. El ayuntamiento ha prometido una "política de tolerancia cero" contra empadronamientos fraudulentos, incluyendo casos de activistas passavolants que ocupan viviendas temporalmente para obtener derechos sociales, aunque no ha detallado los criterios exactos ni los perfiles de los afectados, lo que ha generado sospechas.

La noticia ha sorprendido a una población que, con 97,530 habitantes según el INE de 2023, ve cómo cerca del 4% de su censo podría haber sido inflado por irregularidades acumuladas durante una década. Hasta ahora, la falta de control se atribuye a una combinación de desactualización sistemática y políticas permisivas, especialmente durante los años de alta migración tras la crisis de 2008, cuando Sant Cugat pasó de 52,654 habitantes en 2000 a más de 81,901 en 2010, con un notable aumento de población extranjera (13.3% en 2012). El silencio previo de las administraciones ha alimentado críticas, con partidos como Vox exigiendo responsabilidades y señalando un "efecto llamada" que colapsa servicios, mientras la CUP defiende que las bajas responden a una actualización iniciada en 2022 bajo su mandato, acusando a Junts de manipular el relato político.

El impacto va más allá de lo administrativo. La oposición y entidades sociales, como La Floresta contra Fronteres, denuncian opacidad en el proceso y temen que las bajas afecten a personas vulnerables empadronadas por necesidad, no por fraude, en un municipio donde el alquiler medio supera los 1,400 euros mensuales. El gobierno local, liderado por Josep Maria Vallès, vincula esta limpieza al endurecimiento de requisitos, como la propuesta de elevar de 3 a 10 años el empadronamiento para acceder a vivienda protegida, una medida que busca priorizar el arraigo pero que ha sido cuestionada por su potencial exclusión social. En redes sociales, la noticia ha generado un torbellino de opiniones, desde quienes aplauden la regularización hasta quienes ven en ella un ataque a los derechos de los inmigrantes, dejando a Sant Cugat en el centro de un debate que podría redefinir su identidad como ciudad próspera pero dividida.