La Agencia Tributaria (Hacienda) ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra la contabilidad en B, abriendo investigaciones a más de sie...
La Agencia Tributaria (Hacienda) ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra la contabilidad en B, abriendo investigaciones a más de siete millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos en España para detectar prácticas irregulares, con un enfoque especial en identificar software que facilite la ocultación de ingresos y la evasión fiscal. La medida, que entra en vigor hoy tras la implementación del reglamento técnico de VeriFactu, busca poner fin a la doble contabilidad que afecta a una parte significativa del tejido empresarial, imponiendo multas que podrían alcanzar los 50,000 euros por incumplimiento, especialmente en casos donde se utilicen programas diseñados para manipular datos fiscales. Esta acción, enmarcada en la Ley Antifraude de 2021, responde a años de escándalos de corrupción y a la presión social por una fiscalidad más transparente, aunque ha desatado críticas por su impacto en pequeños negocios ya afectados por la crisis económica.
El operativo, bautizado informalmente como "Operación Transparencia" por fuentes internas de Hacienda, se activa en una primera fase transitoria que obliga a los fabricantes de software a certificar sus programas, pero su impacto directo sobre autónomos y pymes será obligatorio a partir de enero de 2026 para empresas y julio del mismo año para personas físicas, según el calendario ajustado tras retrasos en la publicación de las especificaciones técnicas. La Agencia Tributaria empleará herramientas avanzadas de análisis de datos para rastrear facturas no declaradas, movimientos bancarios sospechosos y patrones de uso de software dual, como programas que permiten mantener una contabilidad oficial y otra paralela para evadir impuestos como el IVA o el IRPF. Expertos en fiscalidad advierten que el foco estará en sectores como la hostelería, el comercio minorista y las profesiones liberales, donde las transacciones en efectivo han sido tradicionalmente vulnerables a la manipulación.
La iniciativa se apoya en el sistema VeriFactu, que exige que los programas de facturación garanticen la integridad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, enviando datos en tiempo real a Hacienda. Según María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, esta medida "cierra una de las principales vías de evasión fiscal" y fortalece la justicia tributaria, estimando que la contabilidad en B podría costar al erario público hasta 25,000 millones de euros anuales. Sin embargo, la implementación ha generado alarma entre los afectados, con asociaciones como ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) denunciando que las multas de hasta 50,000 euros, aplicables incluso por poseer software no certificado, podrían asfixiar a negocios que no tienen recursos para adaptarse rápidamente. En casos detectados, como la reciente Operación Amperio, Hacienda ha identificado software ilegal en empresas de instalaciones eléctricas, lo que refuerza su determinación de actuar.
La reacción en el sector es mixta. Mientras algunos ven la medida como un paso necesario para nivelar el campo de juego frente a competidores desleales, otros la consideran una carga burocrática excesiva. En redes sociales, el hashtag #HaciendaVsPymes ha ganado tracción, con autónomos quejándose de la falta de apoyo para digitalizarse, especialmente en zonas rurales donde el acceso a tecnología certificada es limitado. La Agencia Tributaria ha prometido campañas de sensibilización y un período de adaptación, pero no ha descartado inspecciones sorpresa ni sanciones inmediatas en casos flagrantes. Con un universo de siete millones de potenciales investigados, la operación promete ser uno de los mayores operativos fiscales de la historia reciente, dejando a pymes y autónomos en un estado de incertidumbre mientras se enfrentan a la presión de cumplir o arriesgarse a duras penalizaciones.
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