Huawei almacena investigaciones de la Guardia Civil sobre terrorismo y mafias, generando alarma en Washington

H a surgido una nueva controversia que sacude las relaciones entre España y sus aliados internacionales, tras revelarse que Huawei, la gigan...

Ha surgido una nueva controversia que sacude las relaciones entre España y sus aliados internacionales, tras revelarse que Huawei, la gigante tecnológica china, no solo gestiona el almacenamiento de escuchas policiales a través del sistema Sitel, sino que también custodia investigaciones críticas de la Guardia Civil sobre terrorismo, narcotráfico y mafias. Según informaciones recientes, unidades clave como la Unidad Central Operativa (UCO) y las adscritas a la Jefatura del Servicio de Información han incorporado en los últimos años cabinas de almacenamiento de datos fabricadas por Huawei, modelos como el Oceanstor Dorado 3000 V6 y el FusionServer 2288H V5, en sus centros de mando. Estos dispositivos contienen cientos de terabytes de información sensible, incluyendo informes, pruebas, audios y videos relacionados con operaciones contra redes internacionales de delincuencia organizada y terrorismo, lo que ha encendido las alarmas en Washington y puesto en jaque la colaboración en inteligencia entre ambos países.

La implicación de Huawei se extiende más allá de las escuchas judiciales, abarcando datos estratégicos que la UCO utiliza para desmantelar mafias de narcotráfico que operan en el litoral sur de España, una ruta clave para el tráfico de drogas hacia Europa, así como investigaciones sobre terrorismo internacional que a menudo cuentan con apoyo de agencias estadounidenses como la CIA y la DEA. La Jefatura del Servicio de Información, encargada de analizar amenazas yihadistas y espionaje, también depende de estas cabinas, lo que amplifica el riesgo percibido. Fuentes de seguridad del Estado han expresado inquietud por la posibilidad de que Pekín, dado el control del Partido Comunista Chino sobre Huawei, pueda explotar vulnerabilidades o puertas traseras en estos sistemas para acceder a información clasificada, una preocupación que ha llevado a Estados Unidos a amenazar con suspender el intercambio de inteligencia con España, un pilar fundamental de la alianza dentro de la OTAN.

El trasfondo político añade una capa de complejidad. La vinculación de Huawei con el gobierno español se remonta a la era de José Luis Rodríguez Zapatero, quien, tras dejar la presidencia en 2011, ha sido señalado como un lobbyista clave para la empresa china durante el mandato de Pedro Sánchez. Según informes, Zapatero facilitó la entrada de Huawei en contratos sensibles, incluyendo el suministro de infraestructura tecnológica para las fuerzas de seguridad, a pesar de las advertencias de la OTAN y la Unión Europea sobre los riesgos de ciberseguridad. Esta relación ha sido criticada por sectores opositores, que acusan al Ejecutivo de Sánchez de priorizar intereses comerciales sobre la seguridad nacional, especialmente tras la adjudicación de contratos por 12.3 millones de euros para renovar servidores, un hecho que ha intensificado las tensiones con Washington.

La reacción internacional no se ha hecho esperar. El Senado y el Congreso de EE. UU. han solicitado a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, revisar los acuerdos de intercambio de datos con España, argumentando que la presencia de Huawei podría permitir al Partido Comunista Chino monitorear investigaciones sensibles, incluyendo operaciones conjuntas contra el crimen organizado. En España, la polémica ha generado malestar interno en la Policía Nacional y la Guardia Civil, donde agentes temen que la confidencialidad de sus operaciones esté comprometida, mientras el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, defiende que los contratos cumplen con las normativas europeas y que los datos están protegidos por cifrado. Sin embargo, la falta de certificación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para estos sistemas ha avivado las dudas.

En el ámbito público, las redes sociales reflejan una mezcla de indignación y escepticismo, con usuarios cuestionando la decisión del gobierno y otros defendiendo la modernización tecnológica. El caso podría tener repercusiones diplomáticas significativas, especialmente en un momento de tensiones globales entre Occidente y China, y pone a prueba la capacidad de Sánchez para equilibrar relaciones comerciales con la seguridad estratégica. Mientras la investigación avanza y las presiones de EE. UU. crecen, el futuro de la colaboración transatlántica y la confianza en la infraestructura tecnológica española penden de un hilo.