Kremlin aprueba reforma que castiga a rusos por buscar contenido extremista, desde memes de Hitler hasta sermones religiosos

El Kremlin ha dado luz verde a una reforma radical de la ley contra el extremismo en Rusia, expandiendo drásticamente su alcance y generando...

El Kremlin ha dado luz verde a una reforma radical de la ley contra el extremismo en Rusia, expandiendo drásticamente su alcance y generando alarma entre la población y los observadores internacionales. Hasta ahora, las sanciones se limitaban a dirigentes, militantes y creadores de contenido que, según las autoridades, "rompían la convivencia" en la diversa sociedad rusa, enfrentándose a multas o penas de prisión que podían llegar a varios años. Sin embargo, con esta nueva medida, aprobada esta semana tras meses de debates en la Duma Estatal y firmada por el presidente Vladimir Putin, cualquier ciudadano que busque contenido relacionado con el extremismo en internet será considerado culpable, marcando un giro hacia una vigilancia más invasiva y un control sin precedentes sobre la libertad de expresión.

La reforma, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025, introduce multas de entre 3,000 y 5,000 rublos (aproximadamente 38 a 64 dólares) para quienes accedan intencionalmente a materiales clasificados como extremistas, con la posibilidad de penas de prisión de hasta cuatro años en casos reincidentes o agravados. El término "extremismo" abarca una lista federal mantenida por el Ministerio de Justicia que incluye más de 5,500 entradas, desde publicaciones de grupos opositores como el Fondo Anticorrupción de Alexei Navalny hasta símbolos y contenidos asociados con la "movimiento LGBT internacional", declarado extremista en 2023. Ahora, esta definición se amplía para incluir búsquedas de canciones de la RONA (una unidad colaboracionista rusa durante la Segunda Guerra Mundial), memes con imágenes de Hitler, himnos falangistas o incluso sermones del santo ortodoxo Sergio de Rádonezh, recientemente etiquetados como "ultracristianos y racistas" por las autoridades, lo que ha desconcertado a muchos fieles y académicos.

El cambio surge en un contexto de creciente represión desde la invasión de Ucrania en 2022, con el gobierno justificando la medida como una herramienta para proteger la "seguridad nacional" y la "unidad cultural" frente a influencias externas. Sin embargo, la vaguedad de los criterios ha generado preocupación, ya que no queda claro cómo se detectarán las búsquedas ni qué constituye una intención deliberada, abriendo la puerta a abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Telecomunicaciones y proveedores de internet estarán obligados a compartir datos de navegación con las autoridades, mientras que el uso de VPNs, aunque común para eludir censuras, también será penalizado si se emplea para acceder a estos contenidos. Expertos advierten que esta ley podría aislar aún más a la sociedad rusa de la información global, castigando incluso la curiosidad incidental.

La reacción pública ha sido mixta. En redes sociales, algunos usuarios han expresado temor y han comenzado a borrar historiales de búsqueda, mientras otros critican la medida como una extensión de la "dictadura digital" del Kremlin. Protests solitarias frente a la Duma han sido rápidamente disueltas, y figuras pro-Kremlin como Yekaterina Mizulina, de la Liga por un Internet Seguro, han advertido que la ley podría afectar incluso a quienes colaboran con el gobierno en la lucha contra el extremismo. En contraste, el Kremlin ha evadido comentarios detallados, limitándose a afirmar que la reforma responde a "necesidades de seguridad interna". Mientras las autoridades preparan campañas de sensibilización, muchos rusos enfrentan la incertidumbre de vivir bajo una ley que convierte la simple búsqueda en línea en un acto potencialmente criminal, poniendo en jaque la libertad individual en un país cada vez más vigilado.