La SEO de Urgell aprueba polémica medida para contratar a inmigrantes ilegales como trabajadores públicos

El Ayuntamiento de La Seo de Urgel, en la provincia de Lérida, ha aprobado una medida controvertida que permite a inmigrantes en situación i...

El Ayuntamiento de La Seo de Urgel, en la provincia de Lérida, ha aprobado una medida controvertida que permite a inmigrantes en situación irregular acceder a empleos públicos, desatando un intenso debate social y político en España. La moción, impulsada por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y respaldada por el equipo de gobierno local liderado por la marca municipal del PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), busca facilitar la integración laboral de extranjeros sin papeles, reservando plazas en la plantilla municipal para este colectivo. La decisión, tomada el pasado viernes 18 de julio en una sesión plenaria, ha generado reacciones encontradas, desde el apoyo de sectores progresistas que ven en ella un gesto de inclusión hasta la indignación de partidos conservadores y nacionalistas que la consideran un incentivo a la inmigración ilegal y un desafío legal.

La propuesta de la CUP, que contó con el voto favorable de los socialistas y la oposición de Junts y ERC, plantea que los inmigrantes irregulares puedan optar a puestos públicos siempre que cumplan con los principios de capacidad, transparencia, mérito e igualdad establecidos en los procesos de oposición. El objetivo declarado, según el concejal de la CUP Joan Miret, es convertir a La Seo de Urgel en un "municipio acogedor" y dar una respuesta humanitaria a la llegada de inmigrantes expulsados de Andorra, donde se les negó la reagrupación familiar, especialmente ciudadanos colombianos y argentinos que han encontrado refugio en esta localidad fronteriza. El ayuntamiento ha emitido un comunicado aclarando que la medida se ajusta a la legalidad y busca mejorar los servicios públicos, pero no detalla cómo se garantizará la documentación requerida para formalizar estas contrataciones, un punto que ha levantado sospechas.

La medida ha desatado una tormenta política. Vox ha reaccionado con dureza, exigiendo la derogación inmediata de la moción y la deportación de inmigrantes ilegales, acusando al PSOE y a los separatistas de fomentar el "efecto llamada" que, según ellos, ha traído a más de 350,000 inmigrantes irregulares a España en los últimos siete años. El PP, por su parte, ha calificado la decisión como "un disparate jurídico" que podría violar la legislación laboral y migratoria española, que exige un permiso de trabajo para ocupar puestos públicos. En redes sociales, la polémica ha explotado, con hashtags como #NoALaInmigraciónIlegal y #LaSeoAcoge reflejando la división entre quienes ven la medida como un avance social y quienes la consideran un precedente peligroso.

El contexto local añade matices. La Seo de Urgel, con una población de 12,831 habitantes según el registro de 2024, es un punto estratégico en los Pirineos, cerca de la frontera con Andorra, y ha visto un aumento de inmigrantes en los últimos años, muchos de ellos afectados por las políticas migratorias del microestado vecino. La moción surge tras un verano marcado por tensiones migratorias en España, con incidentes como el apuñalamiento en el festival Boombastic de Asturias y las protestas en Polonia, que han intensificado el debate sobre la gestión de la inmigración. Algunos vecinos apoyan la iniciativa, destacando la contribución de los inmigrantes en sectores como la agricultura y la construcción, mientras otros temen que facilite la entrada de delincuentes, un argumento alimentado por casos recientes como el crimen en Las Palmas.

La legalidad de la medida está en entredicho. Expertos jurídicos consultados por medios locales señalan que, aunque el ayuntamiento tiene autonomía para regular su plantilla, la contratación de personas sin permiso de trabajo podría chocar con la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, que vincula el acceso al empleo a la regularización. El Gobierno autonómico de Cataluña, liderado por ERC y Junts, ha anunciado que revisará la decisión, mientras el Ministerio del Interior, bajo control socialista, guarda silencio por ahora. Mientras tanto, la comunidad de La Seo de Urgel vive una atmósfera de incertidumbre, con concentraciones previstas para este fin de semana tanto a favor como en contra, lo que podría amplificar una polémica que ya trasciende las fronteras locales.