El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido la acusación particular en el caso de la lona desplegada por Hazte Oír frente al Congr...
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido la acusación particular en el caso de la lona desplegada por Hazte Oír frente al Congreso en la que aparecía su imagen sin editar y con la palabra “Corrupto”. Su objetivo es impedir judicialmente cualquier reproducción, incluso en redes sociales, del mensaje que consideraba atentatorio e injurioso. Esta decisión se ha producido en paralelo a una nueva acción de protesta de Hazte Oír: una avioneta sobrevoló recientemente con el mismo mensaje, en lo que es interpretado como una provocación directa.
El PSOE presentó inicialmente una denuncia por presuntos delitos de injurias y calumnias contra la organización y las personas responsables de colocar la lona, alegando que se trataba de un ataque deliberado contra la reputación del presidente. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid estimó la pretensión y dictó un auto para retirar la pancarta durante la madrugada, orden basada en que el mensaje era claramente lesivo y excedía los límites del ejercicio de la libertad de expresión, agravado por la ubicación frente al Parlamento.
Con la personación de Sánchez como acusación particular, el Gobierno refuerza su rol en el procedimiento penal, lo que permitirá tomar un papel activo en los interrogatorios, pruebas y decisiones judiciales. El gesto político evidencia la determinación por frenar cualquier intento, incluso mediático o simbólico, de que el mensaje se replantee o se reproduzca públicamente.
La acción de Hazte Oír trasciende el mensaje original: han sobrevolado en avioneta llevando una pancarta idéntica con el término “Corrupto” y la fotografía del presidente, renovando la confrontación pública. Según sus letrados, cada vez que intenten silenciar un formato (como lona o bus) sustituirán por otro (como avioneta), y así sucesivamente, con tal de mantener la denuncia vigente.
Desde su instalación, la lona estuvo solo unas horas frente al Congreso. La comunidad de vecinos denunció que no había sido informada del mensaje político, y la retirada concluyó en una operación nocturna coordinada por Policía y bomberos, con intervención judicial. El juez valoró que el contenido vulnera el derecho al honor del presidente y supera lo admitible en una campaña de denuncia pública.
Este episodio refleja una tensión creciente entre la libertad de expresión en espacios públicos y la protección de derechos individuales como el honor. Además, marca un nuevo rumbo judicial-político: el presidente levanta el perfil en el juicio, llevando la disputa desde el terreno electoral al penal.





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