En febrero pasado, se celebró en Madrid una reunión en la que participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. El o...
En febrero pasado, se celebró en Madrid una reunión en la que participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. El objetivo era recabar de Alejandro Hamlyn, propietario del Grupo Hafesa, información sensible sobre los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaban causas relacionadas con el Gobierno.
El encuentro no fue fruto del azar: fue organizado por Javier Frutos, exagente del CNI vinculado laboralmente al Grupo Hafesa. Frutos presentó a la emisaria política como intermediaria del PSOE y facilitó la presencia de otros dos antiguos colaboradores de inteligencia: Miguel Ángel Hernández, conocido como 'Michel', y Ángel Ausín Ibáñez. Los tres aportaron en la reunión su perfil de expertos en seguridad y vigilancia.
En la mesa, se discutió una propuesta para intercambiar presuntos beneficios judiciales o mediáticos con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre los investigadores de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas. La reunión fue grabada, y en ella se advierte: "Podemos seguir a los que os siguen", expresando capacidad de contravigilancia. Según fuentes policiales, los exagentes actuaban sin intervenir activamente, pero su sola presencia debía reforzar la sensación de poder y entrega.
Leire Díez y Pérez Dolset llegaron al despacho cerca de una hora después del inicio. Mientras tanto, Frutos y sus conocidos gestionaban la logística y creaban ambiente. Según versiones posteriores, el empresario Hamlyn presumió de contar con contactos en el alto mando de la Guardia Civil, lo que habría reforzado el interés en establecer colaboración con intermediarios políticos.
Este episodio forma parte del denominado "Caso Leire Díez" o "Caso Fontanera", que ha desencadenado múltiples denuncias por presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. La Fiscalía ya investiga formalmente, y vigorosas asociaciones policiales han aportado el audio como prueba clave. Díez, Pérez Dolset y Teijelo podrían enfrentarse a consecuencias legales si se acredita que pretendían influir en investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.
En el trasfondo, resuena un esquema de presión institucional difusa: un entramado de exagentes, empresarios y abogados que ofrecen acceso a la Fiscalía a cambio de información crítica sobre investigaciones sensibles. Aunque ninguno ha sido acusado aún formalmente en este punto, el choque legal ya está en marcha.





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