Baleares revela: 60% de presuntos MENAS son adultos según pruebas dentales

Las autoridades de Baleares han hecho público un informe que sacude el debate sobre la inmigración en España: el 60% de los presuntos menor...

Las autoridades de Baleares han hecho público un informe que sacude el debate sobre la inmigración en España: el 60% de los presuntos menores extranjeros no acompañados (MENAS) sometidos a pruebas dentales desde diciembre de 2024 son en realidad adultos. De las 209 pruebas realizadas en el marco de un protocolo para verificar la edad de los solicitantes de protección internacional, 87 confirmaron que los individuos eran menores de edad, mientras que 122 resultaron ser mayores de 18 años, desvelando un patrón de falsificación de identidades que ha generado alarma en la comunidad y presiones políticas para endurecer los controles. Este dato, que expone vulnerabilidades en el sistema de acogida, ha intensificado las tensiones en las islas, un destino tradicional de llegada migratoria por su proximidad al norte de África, y ha reavivado las críticas hacia la gestión de la inmigración por parte del Gobierno central.

Las pruebas dentales, realizadas por forenses del Instituto de Medicina Legal de Baleares, analizan el desarrollo de los terceros molares y la radiografía de muñecas para determinar la edad con un margen de error de dos años, un método controvertido pero aceptado por los tribunales desde 2022. Desde diciembre, la Delegación del Gobierno en Baleares ha aplicado este protocolo a todos los menores no acompañados que llegan en pateras o solicitan asilo sin documentación, tras un aumento del 40% en llegadas en 2025, con más de 1,200 menores registrados. De estos, el 58% provenían de Marruecos, y el 60% de las pruebas —122 casos— revelaron que los sujetos tenían entre 19 y 25 años, algunos incluso superando los 30, según estimaciones forenses. Entre los adultos identificados hay casos de reincidencia, con individuos que intentaron acceder al sistema MENAS en múltiples ocasiones, aprovechando la falta de registros biométricos unificados.

El impacto es significativo. Los menores confirmados, como los 87 identificados, son derivados a centros de acogida específicos, mientras los 122 adultos han sido trasladados a centros de internamiento para extranjeros (CIE) o puestos en proceso de deportación, aunque la saturación de estos centros —con un 80% de ocupación— ha retrasado las expulsiones. El Govern balear, liderado por Marga Prohens (PP), ha denunciado que el sistema centralizado del Ministerio del Interior no distingue entre menores y adultos, lo que ha permitido que mayores se cuelen en recursos destinados a niños vulnerables, generando tensiones con asociaciones locales que denuncian condiciones precarias en los CIE. El caso más sonado involucra a un hombre de 24 años que, tras ser identificado como adulto, confesó haber viajado con un hermano menor para asegurar su acogida, un esquema que las autoridades creen que es común.

El escándalo ha polarizado a la sociedad balear. Vecinos de Palma y Manacor han expresado preocupación por la seguridad, con reportes de altercados menores atribuidos a algunos de los identificados como adultos, mientras organizaciones como Save the Children critican las pruebas dentales como "discriminatorias" y abogan por un enfoque más humanitario. En redes, hashtags como #MenasAdultos y #BalearesSegura han acumulado miles de interacciones, con el PP exigiendo controles biométricos nacionales y Vox pidiendo deportaciones masivas, mientras el PSOE defiende la acogida pero promete revisar el protocolo. El Govern ha solicitado 5 millones de euros adicionales al Estado para reforzar la verificación, pero el Ministerio del Interior ha respondido que la competencia es autonómica, avivando el enfrentamiento político.

Económicamente, el desvío de recursos a adultos ha costado a Baleares 2 millones de euros en 2025, afectando programas sociales para menores reales. Socialmente, ha generado desconfianza hacia los MENAS, con un 65% de encuestados en un sondeo de Última Hora apoyando más pruebas. Políticamente, el PP balear gana terreno frente a un PSOE debilitado, dejando un legado de urgencia para un sistema migratorio que debe equilibrar humanidad y control en un archipiélago bajo presión migratoria.