Los vecinos de Cangas de Morrazo , un municipio costero de Pontevedra con 25,000 habitantes, han protagonizado una protesta espontánea que h...
Los vecinos de Cangas de Morrazo, un municipio costero de Pontevedra con 25,000 habitantes, han protagonizado una protesta espontánea que ha obligado a un encierro de más de cinco horas a los concejales del PSOE y el BNG en el Ayuntamiento, tras la aprobación de una subida del 15% en el recibo de basuras que ha desatado la ira de la población local. El incidente, que comenzó alrededor de las 18:00 horas del martes en la sala de plenos, escaló cuando un grupo de unos 200 residentes, muchos de ellos pescadores y pequeños comerciantes, bloquearon las salidas del edificio municipal, exigiendo la revocación inmediata de la ordenanza fiscal que eleva el coste de la recogida de residuos sólidos urbanos. Esta medida, aprobada por mayoría simple con los votos de los socialistas y nacionalistas, ha sido vista como el último clavo en el ataúd de un Ayuntamiento ya tensionado por deudas municipales y servicios deficientes, dejando a los ediles atrapados hasta la intervención de la Policía Local al amanecer.
La sesión plenaria, convocada para debatir el presupuesto municipal de 2026, derivó en caos cuando el alcalde del PSOE, Xosé Manuel Pazos, defendió la subida como "necesaria para cubrir el déficit de 2,5 millones de euros en el servicio de basuras", argumentando que el aumento de la tasa de 45 a 52 euros por hogar compensaría los sobrecostes por turismo estival y la inflación en combustibles. Sin embargo, los vecinos, organizados en la plataforma "Cangas Viva", irrumpieron en el salón con pancartas que decían "No más impuestos, sí a servicios" y "Basuras limpias, no bolsillos vacíos", interrumpiendo la votación con gritos y silbidos. Al aprobarse la ordenanza con 12 votos a favor (PSOE y BNG) y 9 en contra (PP y Vox), un grupo de 50 personas bloqueó las puertas, impidiendo la salida de los concejales municipales y dejando al edificio convertido en un improvisado encierro hasta las 00:00 horas del miércoles.
Durante las horas de cautiverio, los ediles, incluyendo a Pazos y la concejala de Medio Ambiente del BNG, intentaron negociar con los manifestantes desde el balcón del Ayuntamiento, ofreciendo una revisión de la subida en 30 días y una auditoría independiente del servicio de basuras, pero las demandas locales fueron más radicales: revocación inmediata, dimisión del alcalde y una tarifa plana de 30 euros anuales. Los vecinos, que incluyeron a madres con niños y jubilados locales, denunciaron la "deuda ficticia" creada por contratos municipales opacos con empresas externas, y argumentaron que la subida, que afectaría a 15,000 hogares, agravaría la pobreza en un municipio donde el 20% de la población depende de subsidios municipales. La Policía Local, respondiendo a la llamada de los concejales a las 22:00 horas, intentó mediar, pero la multitud se resistió, extendiendo el encierro hasta la madrugada, cuando un grupo de 20 agentes logró despejar las puertas sin incidentes mayores.
Cangas de Morrazo, conocido por sus playas y su economía pesquera, ha visto un aumento del 30% en quejas vecinales en 2025 por servicios deficientes, con el recibo de basuras como gota que colma el vaso tras subidas en el IBI y tasas turísticas. El Ayuntamiento, gobernado por PSOE-BNG desde 2019, enfrenta un déficit de 4 millones de euros, pero vecinos argumentan que prioriza eventos culturales municipales sobre necesidades básicas. Económicamente, la subida podría recaudar 1,2 millones anuales, pero socialmente ha unido a la población en una protesta que podría derivar en una moción de censura, con la oposición sumándose a las demandas.
Políticamente, el incidente ha expuesto fracturas en la coalición municipal, con el BNG distanciándose del PSOE y Vox capitalizando el descontento. En un España de tensiones locales, este encierro deja un legado de empoderamiento vecinal, recordando que la democracia municipal se defiende en las calles.





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