El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma que permitirá conceder de forma automática el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a toda...
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma que permitirá conceder de forma automática el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a todas las personas que agoten la prestación por desempleo contributiva (el paro) o el subsidio por desempleo y sigan sin trabajo ni ingresos suficientes. La medida, que entrará en vigor previsiblemente a partir de enero de 2026, busca eliminar la burocracia que actualmente impide que miles de familias en situación de vulnerabilidad accedan a esta ayuda no contributiva.
Hasta ahora, el IMV exige una solicitud expresa, documentación adicional y un análisis caso por caso por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Este proceso puede tardar meses e implica que muchas personas que cumplen los requisitos nunca lleguen a percibir la prestación. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solo el 30 % de los potenciales beneficiarios del IMV lo estaban recibiendo realmente en 2024, lo que dejaba fuera a más de un millón de hogares en riesgo de pobreza severa.
Con el nuevo sistema, el cruce automático de datos entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el INSS permitirá detectar en tiempo real cuándo una persona agota sus prestaciones por desempleo y carece de rentas suficientes. En ese momento, se le concederá el IMV de oficio, sin necesidad de que el interesado presente ninguna solicitud. La ayuda se activará el mismo mes siguiente a la extinción del paro o subsidio y se mantendrá mientras persista la situación de necesidad, con revisiones periódicas automáticas.
La cuantía del IMV seguirá siendo la misma que actualmente: entre 565 y 1.300 euros mensuales aproximadamente (según el número de miembros y tipo de unidad de convivencia en 2025), con los complementos por hijo a cargo y por monoparentalidad. Además, se compatibilizará al 100 % con rentas del trabajo durante los primeros doce meses si la persona encuentra un empleo, para incentivar la inserción laboral sin miedo a perder la ayuda de golpe.
El ministro José Luis Escrivá ha destacado que esta medida “cerrará el agujero de protección que existía entre el final del paro y el acceso efectivo al IMV” y beneficiará directamente a unas 250.000 personas al año, especialmente en periodos de alta destrucción de empleo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado el acuerdo como “un avance histórico en la universalización de derechos” que simplifica la vida de los más vulnerables y reduce la carga administrativa tanto para ciudadanos como para la propia Administración.
Fuentes sindicales como CCOO y UGT han valorado positivamente el cambio, aunque piden que se extienda también a otros colectivos en riesgo de exclusión que no provienen del desempleo (por ejemplo, trabajadores pobres o familias monoparentales sin prestación previa). Por su parte, la patronal CEOE ha mostrado su preocupación por el posible impacto en las cotizaciones sociales y ha pedido que se financie sin subir impuestos a las empresas.
Con esta reforma, España da un paso más hacia un sistema de rentas mínimas más ágil y universal, similar al que ya aplican países como Francia o Alemania cuando finalizan las prestaciones por desempleo. El Gobierno estima que el coste adicional será de unos 800 millones de euros anuales, que se cubrirán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.





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