El Gobierno eleva en 1.400 millones el gasto en nóminas de funcionarios, asesores y altos cargos pese a PGE prorrogados

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha confirmado que el Ejecutivo ha incrementado en 1.400 millones de euros la ...

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha confirmado que el Ejecutivo ha incrementado en 1.400 millones de euros la partida destinada al pago de sueldos, cotizaciones sociales y complementos para funcionarios, asesores y altos cargos durante 2024, alcanzando un total de 28.900 millones de euros. Este aumento del 5,1 % respecto a los 27.500 millones ejecutados en 2023 se produce en un contexto de prórroga presupuestaria, ya que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siguen vigentes en su versión de 2023 tras el fracaso de las negociaciones para aprobar unas nuevas cuentas.

El desglose de la IGAE revela que el 78 % del incremento, unos 1.092 millones, corresponde a la actualización automática de retribuciones ligada al IPC. La Ley de Presupuestos de 2023 establecía una subida del 2,5 % que se amplió al 3,5 % mediante real decreto en enero de 2024, y se complementó con un 0,5 % adicional en octubre tras cerrar el año anterior con una inflación del 3,1 %. Esta mecánica afecta a 2,7 millones de empleados públicos, de los cuales 1,9 millones pertenecen a las administraciones autonómicas y locales, aunque el gasto centralizado por el Estado alcanza los 14.200 millones.

Un capítulo destacado es el de los 1.800 asesores eventuales adscritos a ministerios y organismos dependientes, cuyo coste ha ascendido a 142 millones de euros, un 12 % más que en 2023. El Ministerio de la Presidencia lidera con 320 asesores (19 millones), seguido de Transportes (210 asesores, 13 millones) y Transición Ecológica (180 asesores, 11 millones). La oposición ha denunciado que el 45 % de estos cargos supera los 70.000 euros brutos anuales, mientras que el sueldo medio de un funcionario de carrera del grupo A1 apenas alcanza los 42.000 euros.

Los altos cargos –subsecretarios, directores generales y equivalentes– suman 1.420 puestos con un gasto de 198 millones, un 4,8 % más. El complemento de productividad, que puede alcanzar el 30 % del sueldo fijo, ha crecido un 18 % hasta los 42 millones, justificado por el Gobierno como incentivo ante la “carga extraordinaria” de la presidencia española del Consejo de la UE en 2023 y la gestión de fondos NextGeneration.

Por administraciones, la AGE absorbe 15.100 millones (52 %), las comunidades autónomas 11.800 millones (41 %) y las corporaciones locales 2.000 millones (7 %). Cataluña (3.200 millones), Andalucía (2.900 millones) y Comunidad Valenciana (1.800 millones) concentran el 68 % del gasto autonómico. En el ámbito local, Madrid (420 millones) y Barcelona (280 millones) lideran.

La prórroga presupuestaria ha obligado a tramitar 28 créditos extraordinarios por valor de 1.100 millones para cubrir el desfase, financiados mediante remanentes de Tesorería y minoración de otras partidas como cooperación internacional (-180 millones) y becas (-90 millones). El Tribunal de Cuentas ha advertido en su informe preliminar que esta práctica “tensa la sostenibilidad” al priorizar gasto corriente sobre inversión.

CCOO y UGT celebran la subida pero reclaman un acuerdo plurianual que fije incrementos del 4 % anual hasta 2027 y reduzca la temporalidad, que afecta al 28 % de la plantilla. CSIF denuncia que el 55 % de los funcionarios no alcanza el complemento de productividad. El PP ha anunciado una interpelación urgente al ministro de Hacienda para que detalle el impacto en el déficit, estimado en 0,08 puntos del PIB. Funcas calcula que, de mantenerse la senda, el gasto en personal público superará los 32.000 millones en 2026, equivalente al 2,1 % del PIB.

El Gobierno defiende la medida como “necesaria para mantener la calidad del servicio público” y avanza que la próxima subida, vinculada al IPC de 2024 (previsto en 2,2 %), se aplicará en enero de 2025 aunque persista la prórroga.