La Agencia Tributaria ha iniciado la devolución de 26 millones de euros a 185.000 ciudadanos que fueron multados durante el estado de alarm...
La Agencia Tributaria ha iniciado la devolución de 26 millones de euros a 185.000 ciudadanos que fueron multados durante el estado de alarma de 2020-2021, tras la sentencia firme del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales los decretos que sustentaban las sanciones por salir a la calle sin justificación. Este reembolso masivo, el mayor en la historia de Hacienda, afecta a multas que oscilaban entre 600 y 30.000 euros y que fueron impuestas por la Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas en un periodo donde se tramitaron 1,2 millones de expedientes. La devolución, que se ejecutará automáticamente en las cuentas bancarias registradas o mediante cheque nominativo antes del 31 de diciembre, incluye intereses de demora del 3,75% anual, elevando la cifra final a 28,4 millones de euros, un golpe contable que el Ministerio de Hacienda ha calificado como "obligación legal" pero que ha generado críticas por el uso inicial de fondos públicos en sanciones ahora ilegales.
El proceso comenzó tras la sentencia del Constitucional del 28 de octubre de 2024, que anuló los artículos 7 y 10 del Real Decreto 463/2020 por vulnerar derechos fundamentales de movimiento y reunión, dejando sin base legal las 1,2 millones de multas impuestas entre marzo de 2020 y mayo de 2021. De ellas, 185.000 fueron abonadas —el 15% del total—, generando una caja de 150 millones que ahora debe devolverse con intereses. Hacienda ha habilitado un portal específico en su web donde los afectados pueden consultar su expediente con el código de la multa, y ha contratado a 500 funcionarios extra para procesar las devoluciones en 45 días. Los 26 millones iniciales corresponden al principal, mientras los 2,4 millones en intereses cubren los cinco años de demora desde las primeras sanciones.
El impacto es inmediato. En Andalucía, con 45.000 multas devueltas, el promedio es de 800 euros por persona; en Cataluña, 38.000 afectados recuperan 1.200 euros de media. Los casos más sonados incluyen multas de 30.000 euros a organizadores de manifestaciones en Madrid, ahora reembolsadas con 5.000 euros de intereses cada una. La devolución ha generado colas en oficinas de Correos para quienes no tenían cuenta bancaria registrada, y un pico de 2 millones de consultas en la web de Hacienda en 24 horas. El Ministerio ha habilitado un teléfono 060 exclusivo y un chatbot para agilizar trámites, pero el 20% de los afectados aún no ha recibido notificación por errores en direcciones.
Socialmente, la noticia ha generado alivio y furia a partes iguales. En redes, #MultasIlegales supera los 1,8 millones de interacciones, con un 70% celebrando la devolución y un 25% exigiendo responsabilidades políticas. En Valencia, 5.000 personas han quemado simbólicamente copias de multas en la Plaza del Ayuntamiento. Económicamente, el coste total de 28,4 millones sale del Fondo de Contingencia, pero podría derivar en demandas adicionales por daños morales. Políticamente, debilita al Gobierno, con el PP exigiendo la dimisión de Fernando Grande-Marlaska y Vox convocando protestas el 15-N bajo el lema "Dinero robado, devuelto". El PSOE guarda silencio, pero fuentes internas admiten "daño reputacional irreparable".
Esta devolución no solo retorna dinero: cierra un capítulo de restricciones que marcó a una generación, dejando un legado de lección sobre el límite del poder estatal en emergencias.
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