Debate político por las nacionalizaciones: 1,4 millones de extranjeros obtienen nacionalidad y se proyecta un aumento de electores para 2027

Desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno en junio de 2018, cerca de 1,4 millones de extranjeros residentes han obtenido l...

Desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Gobierno en junio de 2018, cerca de 1,4 millones de extranjeros residentes han obtenido la nacionalidad española, lo que automáticamente les confiere el derecho al voto en las elecciones generales y autonómicas, siempre y cuando cumplan los demás requisitos como la edad y la inscripción en el censo electoral, según los últimos datos recopilados del Instituto Nacional de Estadística (INE) y diversas fuentes periodísticas. 

Este crecimiento en las concesiones de la nacionalidad no tiene precedentes en la historia reciente de España y ha alimentado un intenso debate político sobre su impacto electoral de cara a las próximas elecciones generales previstas para 2027. La cifra total de personas que han accedido a la ciudadanía española bajo el mandato de Sánchez incluye más de 90.000 nacionalizaciones en 2018, casi 182.000 en 2023, más de 240.000 en 2024 y una cifra similar proyectada para 2025 si continúa la tendencia observada en años recientes. 

Entre los nuevos ciudadanos españoles hay una considerable diversidad de orígenes. Aproximadamente el 20 % de los nuevos nacionalizados son de origen marroquí, seguidos por ciudadanos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Honduras y otros países latinoamericanos. 

Los datos han llevado a varios analistas y a formaciones políticas de la oposición a sostener que de aquí a 2027 podría haber un millón de votantes nuevos en comparación con las generales de 2023 debido a este auge de nacionalizaciones, lo que podría influir en la composición del electorado. 

El Partido Popular (PP) y Vox han señalado que este fenómeno forma parte de una estrategia del Gobierno para “alterar el censo electoral” y beneficiarse políticamente en futuros comicios, argumentando que los nacionalizados podrían votar de forma mayoritaria a las fuerzas progresistas. Estos mensajes han circulado con fuerza, especialmente entre sectores críticos con la gestión migratoria del Ejecutivo. 

No obstante, expertos en materia migratoria y electoral señalan que no existe una relación automática entre nacionalización y voto por un partido político concreto y que muchos ciudadanos de origen extranjero han mostrado preferencias políticas diversas, incluyendo apoyos a formaciones de derecha o de izquierda. Un estudio ha señalado que grupos como los venezolanos tienden a votar mayoritariamente por opciones de derecha, mientras que otros colectivos, como los argentinos, son más proclives a apoyar a la izquierda. 

Además, es importante aclarar que la reciente regularización de inmigrantes en situación irregular que el Gobierno ha puesto en marcha mediante real decreto no concede la nacionalidad de forma automática ni el derecho al voto en las elecciones generales de 2027. Estas personas obtienen primero un permiso de residencia y, solo después de cumplir requisitos de residencia legal (que pueden ser de entre dos y diez años, dependiendo del país de origen), podrían solicitar la nacionalidad y, con ella, el derecho a voto. 

En este contexto, la oposición intensifica sus críticas, y Vox, por ejemplo, ha propuesto auditar las más de un millón de nacionalizaciones concedidas en los últimos años para garantizar su legalidad, argumentando que ha habido irregularidades. 

El Gobierno, por su parte, sostiene que estas políticas responden a una estrategia de integración y ajuste demográfico ante los retos del envejecimiento de la población y la necesidad de mano de obra, así como a compromisos con la cohesión social y los derechos humanos. Desde esa perspectiva, la ampliación del electorado a través de la nacionalidad es vista como un reflejo del crecimiento de España como sociedad diversa, más que como una pieza de cálculo electoral.