España concede nacionalidad a más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile

España ha anunciado la concesión de la nacionalidad a más de 36.000 descendientes de exiliados españoles residentes en Chile, una medida que...

España ha anunciado la concesión de la nacionalidad a más de 36.000 descendientes de exiliados españoles residentes en Chile, una medida que representa el mayor reconocimiento colectivo desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990 y busca reparar las heridas abiertas por la Guerra Civil y la represión franquista. Este decreto, impulsado por el Ministerio de Justicia y publicado en el Boletín Oficial del Estado, extiende el derecho a la ciudadanía a hijos y nietos de republicanos que huyeron a Chile entre 1936 y 1975, estimando un total de 36.500 beneficiarios que podrán optar por la doble nacionalidad sin renunciar a su ciudadanía chilena. La iniciativa, que abre un plazo de dos años para las solicitudes, no solo honra el legado de miles de exiliados que contribuyeron a la cultura y economía chilena, sino que fortalece los lazos bilaterales entre ambos países, en un momento de creciente colaboración en América Latina.

El decreto surge de un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Gabriel Boric, que reconoce a Chile como el principal destino de exiliados españoles durante la Guerra Civil, con más de 20.000 republicanos llegando entre 1939 y 1945, y otros 15.000 durante la dictadura franquista hasta 1975. Estos exiliados, muchos de ellos intelectuales, artistas y científicos, fundaron comunidades vibrantes en Santiago y Valparaíso, contribuyendo a la universidad y la literatura chilena. Ahora, sus descendientes —hijos nacidos en Chile y nietos de primera generación— podrán acceder a la nacionalidad española de forma simplificada, presentando documentos como certificados de nacimiento y pruebas de linaje exiliado. El proceso, gratuito y sin examen de idioma, prioriza a aquellos con abuelos o padres que huyeron por motivos políticos, un gesto simbólico que el Ministerio de Justicia califica como "reparación histórica".

La concesión masiva, que podría superar las 40.000 solicitudes en el plazo establecido, responde a la Ley de Memoria Democrática de 2022, que ya ha otorgado 600.000 nacionalidades a descendientes de exiliados desde su entrada en vigor. En Chile, donde la comunidad española representa el 1% de la población, esta medida ha sido recibida con gratitud, con asociaciones como la Casa de España en Chile organizando eventos para ayudar con la documentación. Familias en Santiago han compartido anécdotas de abuelos que contaban historias de la Guerra Civil, y ahora sus nietos ven en la ciudadanía española un puente emocional con sus raíces. El acuerdo incluye apoyo consular para agilizar trámites, con oficinas en Santiago y Valparaíso procesando solicitudes prioritarias.

El impacto es multifacético. Económicamente, podría impulsar la movilidad laboral, con jóvenes chilenos-españoles accediendo a mercados europeos, fortaleciendo remesas y turismo familiar. Socialmente, repara traumas generacionales, permitiendo a descendientes visitar España sin visados y reconectar con herencias perdidas. Políticamente, refuerza la imagen de Sánchez como defensor de la memoria histórica, aunque la oposición critica el costo estimado en 50 millones de euros en trámites administrativos. En Chile, Boric lo ve como un gesto de reciprocidad, tras el apoyo español a la transición democrática.

Esta concesión no solo otorga papeles, sino que cierra ciclos de exilio, permitiendo a 36.000 descendientes reclamar una identidad dual en un mundo globalizado. En un España que mira hacia América Latina, este decreto es un puente de reconciliación, recordando que la memoria no es un lujo, sino un derecho que une continentes.