Escándalo en Alicante: Dimiten la concejala de Urbanismo y la directora de Contratación por adjudicarse pisos protegidos en zona premium de la Playa de San Juan

El escándalo urbanístico que ha sacudido al Ayuntamiento de Alicante ha provocado la dimisión de dos altas responsables municipales en apena...

El escándalo urbanístico que ha sacudido al Ayuntamiento de Alicante ha provocado la dimisión de dos altas responsables municipales en apenas 24 horas, en medio de acusaciones de favoritismo y falta de transparencia en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPO) en una de las zonas más exclusivas de la ciudad: La Condomina, en la Playa de San Juan.

La concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (del Partido Popular), anunció esta tarde su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde julio de 2023, tras las elecciones municipales. Actualmente de baja por maternidad, Gómez ha comunicado que presentará formalmente su dimisión en los próximos días. En un comunicado emitido por el consistorio, ha defendido que se inscribió en la cooperativa promotora de la urbanización Residencial Les Naus antes de entrar en política, en concreto como la cooperativista número 18. Ha subrayado que aportó toda la documentación requerida y que su decisión busca permitir que la investigación en curso avance "sin interferencias de ningún tipo". Gómez, arquitecta de 33 años, llevaba dos años y ocho meses al frente de la concejalía responsable de planificar el suelo y las licencias urbanísticas en la ciudad.

Esta renuncia se suma a la presentada esta misma mañana por María Pérez-Hickman, hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos. Pérez-Hickman, funcionaria de carrera, dimitió de su puesto de libre designación (al que accedió en mayo de 2024) tras revelarse que dos de sus hijos y un sobrino figuran como propietarios en la misma promoción. Aunque abandona el cargo directivo, regresará a su plaza fija como jefa del servicio de Contratación en el Ayuntamiento, posición que ocupaba previamente y durante parte del proceso de enajenación del solar municipal.

El origen del conflicto radica en la primera promoción significativa de vivienda protegida impulsada en Alicante en dos décadas. Se trata de una iniciativa privada (a través de una cooperativa) construida sobre un solar de titularidad municipal subastado entre 2018 y 2022 por unos 6,7 millones de euros. La promoción, con alrededor de 134-140 viviendas de tres y cuatro dormitorios, garaje, trastero y zonas comunes de lujo —incluyendo piscina, pistas deportivas, gimnasio y centro social—, se entregó el año pasado. Los pisos, con superficies de unos 80-90 m², se vendieron a precios aproximados de 175.000-200.000 euros (más IVA), aproximadamente la mitad del valor de mercado en una zona donde los inmuebles libres superan fácilmente los 400.000 euros.

Lo que ha generado indignación es que el promotor adjudicó directamente las viviendas sin publicidad amplia ni mecanismos de control público estrictos para garantizar que llegaran a personas con rentas bajas o medias, como exige la calificación de protección pública. Entre los beneficiarios confirmados figuran al menos cuatro vinculados al entorno municipal: una vivienda a nombre de Rocío Gómez (junto a su marido), dos a hijos de Pérez-Hickman, y otra al arquitecto municipal Francisco Nieto (adscrito a Urbanismo). La oposición, especialmente el PSOE y Compromís, ha calificado el caso como "el escándalo urbanístico más grave" del mandato del alcalde Luis Barcala (PP), denunciando un "pelotazo" y posible conflicto de intereses.

Barcala ha reaccionado ordenando la apertura de un expediente de aclaración de hechos, a cargo del secretario general, y ha prometido llegar "hasta el final". Si se detectan irregularidades, lo trasladará a la Fiscalía. El PSOE ya ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía y la Agencia Antifraude de la Generalitat Valenciana, mientras exige comparecencias y una comisión de investigación. Vox también ha reclamado ceses inmediatos.

El caso pone de relieve las tensiones en una ciudad con grave crisis de acceso a la vivienda asequible, donde promociones como esta, destinadas a colectivos vulnerables, terminan beneficiando a personas con vínculos institucionales. Las dimisiones, aunque parciales en el caso de Pérez-Hickman, representan un golpe significativo para el equipo de gobierno y abren un debate sobre transparencia y ética en la gestión pública.