La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular y crear un sistema d...
La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular y crear un sistema de control de la actividad en redes sociales ha encendido todas las alarmas en las instituciones europeas. La Eurocámara ha decidido convocar un debate de urgencia ante lo que varios Estados miembros consideran una actuación unilateral de España que podría vulnerar la legislación comunitaria y afectar de forma directa al funcionamiento del espacio Schengen.
La principal preocupación se centra en la regularización masiva de personas que actualmente no cuentan con autorización administrativa. Según fuentes comunitarias, el alcance de la medida no se limitaría al ámbito interno español, ya que la obtención de permisos de residencia conlleva, en la práctica, la posibilidad de circular libremente por los países del espacio Schengen. Este efecto transfronterizo es precisamente el argumento que ha llevado a varios gobiernos a exigir explicaciones a la Comisión Europea y a reclamar un posicionamiento claro sobre la compatibilidad de la iniciativa con el marco legal común.
Desde Bruselas se subraya que la política migratoria sigue siendo una competencia compartida entre los Estados y la Unión, y que cualquier medida de gran impacto debe respetar los equilibrios y compromisos adquiridos por todos los socios. La inquietud, según fuentes parlamentarias, no se limita al número de personas que podrían beneficiarse de la regularización, sino también al mensaje político que se trasladaría en un contexto marcado por la presión migratoria en las fronteras exteriores de la UE y por la necesidad de coordinar respuestas comunes.
Paralelamente, el plan del Ejecutivo español para introducir un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad de la actividad en redes sociales ha generado un rechazo aún mayor entre expertos jurídicos y responsables comunitarios. El objetivo declarado por el Gobierno sería identificar lo que denomina una “huella de odio y polarización” en el comportamiento digital de los usuarios, con el fin de detectar patrones de discurso nocivo y campañas de desinformación.
La propuesta se apoyaría en herramientas algorítmicas similares a las que ya utilizan las propias plataformas tecnológicas para moderar contenidos y personalizar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, la diferencia clave estaría en quién gestionaría esos sistemas. En este caso, sería el propio Gobierno el que tendría acceso directo a los mecanismos de rastreo, lo que, según numerosos especialistas en derecho digital y libertades públicas, abre la puerta a un control político de la conversación pública.
Los expertos alertan de que otorgar al Ejecutivo la capacidad de monitorizar de forma sistemática el comportamiento de los ciudadanos en redes sociales supone un riesgo evidente para la libertad de expresión y para el derecho a la privacidad. A su juicio, la frontera entre la lucha legítima contra el odio y la desinformación y la creación de un instrumento de censura estatal puede volverse extremadamente difusa.
La Comisión Europea ya ha advertido al Gobierno español de que el reglamento europeo de servicios digitales no contempla que los Estados puedan rastrear perfiles individuales ni construir indicadores de “polarización” gestionados directamente por las autoridades. Tampoco permite, según recuerdan fuentes comunitarias, perseguir penalmente o administrativamente a los directivos de las plataformas por el funcionamiento de algoritmos o por decisiones de moderación, competencias que se encuentran estrictamente reguladas por la normativa común.
En Bruselas temen que una iniciativa nacional de este calibre pueda fragmentar el marco europeo de regulación digital, generar inseguridad jurídica para las empresas tecnológicas y sentar un precedente que otros países podrían utilizar para justificar medidas de control político sobre internet. El debate de urgencia en la Eurocámara pretende, precisamente, forzar una clarificación institucional y frenar cualquier intento de avanzar al margen de las reglas comunes que rigen tanto la política migratoria como el espacio digital europeo.
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